Desafíos actuales del país

En efecto, de los últimos 18 años del siglo pasado a la primera docena del actual hemos vivido en México el surgimiento o agravamiento de un buen número de problemas económicos, políticos y sociales, que pueden parecer efecto de los cambios políticos y económicos que ha experimentado el país desde el inicio de los años ochenta: la reforma política iniciada en el gobierno del presidente José López Portillo (1976-1982) pero concretada hasta el de Ernesto Zedillo (1994-2000) y las reformas económicas iniciadas en el de Miguel de la Madrid (1982-1988) y profundizadas en el de Carlos Salinas (1988-1994), nuestra perestroika y nuestro glasnost correspondientes.

Después de un largo periodo de estabilidad política y crecimiento económico iniciado en los años cincuenta, que concluye a finales de los sesenta y principios de los setenta, México vive un corto periodo de auge –gracias a ingresos imprevistos de divisas por exportaciones petroleras– que vino a desembocar en una crisis económica y política, dando lugar a una serie de cambios durante los años ochenta y noventa que, lejos de resolver los problemas básicos de pobreza e inequidad, parece ser causa de su agravamiento y del surgimiento de nuevos conflictos.

Es una larga lista de problemas que incluye la pobreza, el desempleo, el comercio informal, diversas formas de delincuencia, el narcotráfico, el contrabando, la emigración de mexicanos a Estados Unidos, la fuga de capitales, la corrupción, la contaminación y destrucción del medio ambiente, la impunidad, los homicidios sin resolver, los levantamientos populares regionales y el caciquismo, entre los más destacados.

Entre los factores que determinan el conjunto de problemas contemporáneos más graves, hay tres que siendo de suyo conflictivos generan en combinación una dinámica social y económica perversa, un círculo vicioso que produce y amplifica otros problemas. Estos tres factores son: (1) el empobrecimiento de una parte importante de la sociedad como producto del desempleo y, en general, de la falta de oportunidades; (2) una tendencia por parte de los diversos grupos sociales a no cumplir la ley (en sentido amplio, es decir cualquier norma de carácter público) salvo en determinadas circunstancias, y (3) la total ausencia de una política industrial y comercial, por parte del Estado, orientada al estímulo de la inversión productiva. Estos tres factores son determinantes, en el caso de México, de buena parte de los demás problemas, pero no son exclusivos de nuestro país y es muy probable que se presenten también en otros países en desarrollo, aunque quizá con una intensidad y una dinámica distintas.

Desempleo y pobreza

La población económicamente activa asciende en México a unos 40 millones de personas. Esta población crece a una tasa anual aproximada de 3%, lo que significa una cifra de un millón 200 mil personas que cada año se incorporan al mercado laboral en busca de empleo. En años de crecimiento económico alto, el sector formal de la economía ha podido crear alrededor de 400 mil empleos por año. El resto de la nueva fuerza laboral, unas 800 mil personas, se ve obligado al empleo informal de diversos tipos (incluyendo actividades ilegales) o a emigrar a Estados Unidos. Sin embargo, la economía no ha estado creciendo a un ritmo alto y sostenido en todos estos años, lo que implica que el número de personas forzadas al empleo informal, la emigración o, de plano, la delincuencia, sea mayor y creciente, a causa de la falta de oportunidades de trabajo. Es decir, a la pobreza endémica del país se suma cada año un nuevo grupo de desempleados, lo que constituye sin duda un caldo de cultivo propicio para todo tipo de actividades ilegales

Falta de respeto a las leyes

La carencia de una cultura de respeto a la ley, entendida esta en un sentido amplio, no es algo nuevo en México: podríamos ubicar su origen en la época colonial. Tampoco es exclusiva de nuestro país. De hecho no hay país en el mundo en el que todas las leyes se cumplan y respeten siempre. Pero cualquiera que sea el indicador que se tome al respecto, México se cuenta actualmente entre los países en los que las leyes se respetan en menor grado. Es evidente que en nuestra sociedad las normas se cumplen solo cuando hay una amenaza clara de sanción y autoridades con capacidad para aplicarla.

Esta carencia de cultura de la legalidad obedece a varios factores de diversos tipos, de los que destaco solo dos. El primero es que una buena parte de las leyes no se puede cumplir, ya sea porque unas leyes contradicen a otras, porque son obsoletas o inadecuadas o porque simplemente no hay autoridades en cantidad y con capacidad suficientes para hacerlas cumplir. El segundo es la ignorancia y el temor, o el desprecio que sienten los diversos sectores sociales respecto a las leyes. 

Las autoridades de diversos tipos, niveles y orígenes partidarios no han podido eliminar la percepción que se tiene, entre la sociedad, de que son ellos los primeros en violar la ley y esto aparece como un elemento adicional de justificación moral para el incumplimiento de las normas entre los ciudadanos. De ahí que se identifique a la corrupción como un obstáculo fundamental para el avance social. Pero la corrupción es solo una parte del problema más amplio y contextual que es el incumplimiento de las leyes en general. Este tiene implicaciones políticas, económicas y sociales de primera magnitud, sobre todo en un país que intenta adecuarse a la modernidad y a la globalidad.

  Falta de inversión, falta de crédito y falta de política económica

Como en el caso de otros países en desarrollo, México requiere de una tasa de inversión respecto a la producción nacional de cuando menos 25% anual en términos reales y de manera sostenida para alcanzar tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), a su vez, altas y sostenidas en el largo plazo, según estimaciones de organismos internacionales. Con ello, la economía podría aumentar significativamente la generación anual de empleos y, en consecuencia, la proporción de los salarios en el valor agregado, es decir, reducir la concentración del ingreso. En ninguno de los últimos 25 años la proporción de la inversión entendida como formación bruta de capital fijo ha alcanzado esa meta respecto al pib, aun considerando la inversión extranjera.

Situación general y perspectivas

En este contexto, la transición real en México implica que el gobierno entrante atienda primero que nada estos tres problemas básicos, y eso solo lo puede hacer mediante un nuevo pacto social en el que todos los sectores sociales y partidos participen, aunque ello pueda significar un cambio constitucional de gran magnitud. El Estado tiene que recuperar su papel de liderazgo económico y social, pero sin menoscabo de la democracia y actuando en el margen que le dejan el gobierno de Estados Unidos y sus organismos financieros. Es una difícil pero inevitable tarea. De no realizarse, regresaremos tarde o temprano al simulacro de democracia que fueron los gobiernos del pri, con movimientos casi pendulares en lo económico, unas veces a la derecha y otras al centro, unas veces liberales y otras no, eso sí siempre populistas en lo político.